"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
CERMI Castilla-La Mancha pide en las Cortes regionales que el Estatuto de Autonomía incluya los derechos sociales de las personas más vulnerables
10/10/2016
La presidenta del CERMI de Castilla-La Mancha (CERMI CLM), Cristina Gómez Palomo, pidió este lunes en la Comisión Permanente no Legislativa de Políticas Integrales de Discapacidad de las Cortes regionales que “ya que se va a proceder a modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, nos gustaría que los Derechos Sociales de las personas más vulnerables se contemplasen en el mismo, puesto que deben estar garantizados independientemente de los cambios políticos”.
“Nuestro Estado se basa en cuatro pilares del Estado de Bienestar como son la Educación, la Sanidad y las Pensiones, que mal que bien si están garantizadas, pero el cuarto pilar que son los Servicios Sociales, no lo están, y deberían equipararse buscando la fórmula adecuada para que así sea”, agregó la presidenta del CERMI CLM.
Además, agradeció a los miembros de la Comisión de Discapacidad la oportunidad por unanimidad que le han dado para comparecer en las Cortes en representación del grupo social de las personas con discapacidad, al tiempo que mostró su satisfacción por el hecho de que en esta legislatura también se haya creado la Comisión de Discapacidad. En esta línea, manifestó su deseo de que en el futuro “tampoco falte esta Comisión, y si falta que sea porque no sea necesaria, porque hayamos conseguido que las políticas integrales sobre discapacidad hayan calado tanto, que formen parte del ADN de la política y de la sociedad”.
Gómez Palomo aprovechó su comparecencia también para hacer “una mención especial” a las personas con trastornos mentales, debido a que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y para poner de manifiesto la legitimidad del movimiento de la discapacidad para participar en los procesos de toma de decisiones en políticas públicas.
Del mismo modo, celebró la aprobación de la Ley 7/2014 de Garantías de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha hace dos años, señalando que fue la única normativa aprobada por unanimidad durante la pasada legislatura. Eso sí, advirtió de que “debe desarrollarse y cumplirse en los plazos de entrada en vigor de los diferentes aspectos que dicha norma contempla, ya que las leyes están para cumplirlas y hacerlas cumplir y es en este espacio donde tenemos que demandar y reivindicar que así sea, y si no son adecuadas o no se está de acuerdo con ellas, o se cambian o se derogan, de lo contrario se convierten en instrumentos inútiles”.
En este sentido, reclamó que se revise toda la normativa regional para adaptarla a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya aprobación se cumple este año una década.
Prioridades
Por su parte, el presidente del CERMI Estatal recordó que los últimos datos disponibles reflejan que unos cuatro millones de personas viven en España con alguna discapacidad, lo que supone en torno al 9% de la población, si bien puntualizó que el fenómeno de la discapacidad rara vez se vive en el ámbito privado de la persona, sino que se vive en familia y por tanto el 20% de las personas tiene una situación de discapacidad cercana”.
Pérez Bueno mostró su apoyo a la petición de que el Estatuto de Castilla-La Mancha recoja los derechos sociales de las personas más vulnerables, afirmando que “puede servir de ejemplo que podemos invocar” en otros territorios.
Además, exigió que todas las políticas sobre discapacidad tengan en cuenta la perspectiva de género, puesto que tener discapacidad y ser mujer “supone una doble discriminación”, al igual que los factores como el de vivir en el entorno rural o pertenecer a una etnia minoritaria.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Emilio Sáez, mostró la disposición este organismo para trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y comentó que los diputados de la Comisión están dispuestos a visitar diferentes recursos de discapacidad, a fin de conocer mejor su realidad.
Asimismo, el diputado de podemos David Llorente reclamó que se cumplan los acuerdos firmados, urgiendo a que se agilicen los expedientes de dependencia que siguen pendientes, mientras el diputado socialista José Luis Escudero reclamó que el Gobierno central dedique más recursos a esta materia, “ya que Castilla-La Mancha aporta el 82% de los recursos, pese a que la Ley de Dependencia fija que la mitad del dinero debe proceder del Estado”.
Por último, la diputada del PP María Valentín puso en valor el trabajo que se realizó durante la pasada legislatura en la Comunidad Autónoma. En todo caso, los tres partidos políticos mostraron su disposición para trabajar en favor de las personas con discapacidad desde el “consenso de la mano de la sociedad civil”.
